La Audiencia Nacional ha accedido por primera vez a entregar datos sobre el origen de Encrochat, el chat que afecta a decenas de causas por narcotráfico en España. La Sala de lo Penal acaba de dar un giro en la línea que venían siguiendo hasta ahora los jueces españoles que invitaban a que la legalidad de todos estos mensajes --que llegaron de una macrooperación en Francia-- se dirimieran en el juicio. Tanto la Fiscalía Antidroga como los tribunales españoles y europeos se encuentran a la espera de que lo que diga este jueves el abogado del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) cuyo criterio será determinante para el futuro de estos mensajes que incriman a responsables de blanqueo y tráfico de drogas.
En un escrito del pasado viernes, al que ha tenido acceso El Independiente, la Sala de lo Penal explica que se debe entregar a los investigados toda la documentación que indique cómo las autoridades españolas obtuvieron los datos de estos chats.
Los antecedentes deben buscarse en julio de 2020 cuando España recibió de la Justicia gala cientos de mensajes que habían sido intervenidos allí. Entre 2018 y 2019, la Europol realizó una operación que contó con la autorización del Tribunal de lo Penal de Lille (Francia) en la que descubrieron unos teléfonos móviles especiales, dotados de unos componentes de máxima seguridad que a través de un servidor en ese país permitían una comunicación cifrada de extremo a extremo que no podía intervenirse con los métodos de investigación convencionales. En este servicio llamado Encrochat (pero también en otros como Sky ECC) se alojaban conversaciones de miles de delincuentes que, una vez al descubierto, los franceses repartieron todo ese material entre los Estados miembros para que los aportaran en sus investigaciones propias.
Así cerca de una treintena de causas en la Audiencia Nacional recibieron estos chats encriptados que muchas defensas consideran que se aportaron de una forma "opaca" y sin conocer verdaderamente el origen. El órgano ya había señalado en alguna resolución que la prueba era válida porque se amparaba en una cooperación recíproca entre Estados miembros de la Unión Europea. En un escrito, por ejemplo, del juez Joaquín Gadea se especificaba que no podía quitar la razón a una diligencia venida de Francia cuando allí esa prueba se había declarado válida. La Corte de Casación gala avaló el pasado mes de octubre el uso de estos mensajes en procedimientos contra responsables del tráfico de droga.
Pero la Sala de lo Penal acaba de virar en ese criterio y ha estimado parte del recurso que había interpuesto la abogada Paloma García Sánchez que exigía tener una serie de diligencias para "contrastar la legalidad del origen de la investigación" sobre su cliente. "Lo cierto es que tanto en el marco de la Unión Europea como en la legislación española, no sólo es que la comercialización y uso de terminales para la encriptación de comunicaciones es perfectamente legal y no supone ilícito penal alguno, sino que se ha establecido normativamente la promoción de la encriptación de las comunicaciones, hasta establecer su obligatoriedad en determinadas circunstancias por motivos de seguridad y privacidad", indica el recurso presentado en la Audiencia Nacional.
En la resolución que firman el presidente de la Sala, Alfonso Guevara, y los togados Carlos Fraile y José Pedro Vázquez Rodríguez, se expone que "es un hecho notorio que la legalidad de la utilización de tales datos está siendo cuestionada ante diversos tribunales europeos donde se han dictado resoluciones de diverso tenor, y está pendiente de la resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea". Por eso les resulta "clara" la "pertinencia" de que las defensas puedan tener acceso al origen de cómo España accedió a Encrochat y "tampoco puede dudarse de su necesidad, de su aptitud para la finalidad perseguida, de esclarecimiento de la forma de acceso a la información que sustenta los indicios incriminatorios".
La abogada García Sánchez había solicitado una batería de actuaciones que se basaban en: requerir a Antidroga que dieran las diligencias de investigación por las que se recibieron los chats [16/2020]; pedir igualmente que se informara de si antes de requerir la información a Francia, el Ministerio Público había autorizado que agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se trasladaran al país galo; solicitar igualmente a la UCO que aporte copia del acta levantada tras su participación por videoconferencia de Eurojust celebrada el 20 de abril con autoridades francesas, holandesas y británicas y que, además, entreguen las grabaciones contenidas en el disco duro que les dio la gendarmería francesa.
La letrada en conversación con este periódico señala que esta decisión supone un paso muy importante en el muro que parecía infranqueable en torno a todo lo relacionado con Encrochat. "Nosotros queremos saber cómo se ha dado la información. Si vulnera o no los Derechos fundamentales. Y esto es la apertura a saber más", indica la letrada que trabaja junto al equipo Net Computer Forensic S.L. para el asunto de Encrochat.
Todo depende de Europa
Por el momento, ni el Tribunal Supremo ni el Tribunal Constitucional se ha pronunciado nunca sobre un procedimiento en el que se haya utilizado estos teléfonos encriptados como prueba de cargo. Así las cosas, esta resolución de la Audiencia Nacional es la voluntad de la instancia más alta con la que se cuenta hasta el momento. Pero todo pende, en realidad, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Fuentes de la Fiscalía Antidroga reconocen estar muy pendiente de lo que este jueves vaya a comunicar el Abogado General del TJUE en este sentido porque hay decenas de causas que mantienen chats de estas intervenciones. No obstante, las mismas fuentes señalan que no tendrían por qué anularse las causas si la prueba se declarara nula, puesto que existen otras evidencias que implican a las tramas de narcotráfico.